Extranjeros piden a las autoridades migratorias otorgarles la residencia.
Política xenofóbica. Así calificaron algunos extranjeros residentes en el Perú las decisiones emitidas por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, las cuales estarían yendo contra su derecho de acceder a una residencia permanente.
A través de un plantón, ciudadanos de los países vecinos protestaron fuera del Ministerio Público para exigir que sus pedidos de lograr la residencia peruana no continúen siendo rechazados y, así, evitar dejar en el desamparo a sus
hijos peruanos.
"Por la intransigencia de las autoridades no puedo darle calidad de vida a mi hija. En cualquier momento puedo ser expulsado", relató Ramón Abreu Sánchez, ciudadano dominicano que contrajo matrimonio con la peruana Liset Loayza Vidales en el municipio de San Juan de Lurigancho, en el 2012. Sin embargo, el acta no es reconocida por la autoridad competente.
"Mi esposo pidió el cambio de calidad migratoria, pero el tiempo pasa y no obtenemos respuesta, simplemente no quieren otorgar la residencia. Tras culminar su periodo de turista él quiso regularizar su situación, pero aún así no quieren", explicó Liset Loayza.
UNA LEY OBSOLETA
El parlamentario andino Alberto Adrianzén indicó que es oportuno que el Congreso de la República coloque en agenda la necesidad de una nueva Ley de Extranjería, puesto que la actual data de hace veinte años y no cuenta con una reglamentación.
"Conocemos que el Ejecutivo está redactando una propuesta, pero nadie conoce de su contenido ni menos el borrador. Lo que tenemos ahora en el Perú es una política migratoria basada en la seguridad, pero no olvidemos que existen derechos que son fundamentales que deben ser respetados", sentenció Adrianzén.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) son 90 mil extranjeros que se encuentran en nuestro país, y son 3 millones y medio los peruanos en el extranjero. Solo en Argentina, por ejemplo, existen 300 mil peruanos.
Otro de los casos es el de Inés Agresott, ciudadana colombiana que vive en nuestro país desde hace 14 años.
El drama de Inés se inició cuando luego de haberse divorciado de su primer esposo peruano, la autoridad migratoria asumió que, con la disolución de su matrimonio, también se disolvió su residencia.
Ayer, cuando ella acudió al Ministerio Público para conocer el avance de su pedido de Hábeas Corpus para frenar su sentencia de extradición, recibió como respuesta que no se conocía el paradero de su expediente. "No voy a parar hasta llevar mi caso a la Corte de Derechos Humanos", afirmó sollozando.
Fuente: La República, 09.01. 2015
